PARADA MILITAR BICENTENARIO EJERCITO DE CHILE 2010

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BICENTENNIAL MILITARY ARMY OF CHILE 2010

REPORTAJES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL

jueves, 26 de agosto de 2010

EJERCITO DE CHILE COMPRARA AVIONES C-27J SPARTAN

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Fuentes calificadas en Santiago indican que el Ejército de Chile adquirirá un número indeterminado de aviones de transporte táctico C-27J Spartan de Aeronáutica Alenia. Por lo que los planes de modernización y renovación de las capacidades de transporte de ala fija de la Brigada de Aviación del Ejército de Chile serán modificadas.
Ignacio García - Intelligence, Defense and Security
C-27J Spartan 

La planificación anterior, previa a la adquisición del bi-turbohélice de transporte CN-235 de Airbus Military y la modernización de los aparatos del mismo tipo, comprados en la década de 1990, se aprovecharan en lo que se refiere a la logística, experiencia y  familiaridad adquirida durante los años de funcionamiento con la aeronave.
Aunque la Fuerza Aérea de Chile (FACH) demuestra interés en el aparato de Alenia, los recursos financieros están siendo aprovisionados para la compra del Lockheed Hércules C-130H, para complementar la flota que actualmente se encuentra en operaciones en la Fuerza.
C-27J Spartan, detalle

El C-27J Spartan tiene capacidad de transportar hasta 46 paracaidistas ó 60 soldados, todos con equipo completo o en su defecto 36 camillas y 6 asistentes en configuración MEDEVAC (evacuación médica). El avión puede por otro lado embarcar hasta 11,5 toneladas de carga.
 HUD (pantalla de visualización frontal)

La versión encargada por el Ejercito de Chile es especialmente completa, al comprender HUD (pantalla de visualización frontal), contramedidas para defensa contra misiles y sonda de reabastecimiento en vuelo.

PERÚ: FACCIÓN DE GRUPO SUBVERSIVO "SENDERO LUMINOSO" SE TRANSFORMA EN IMPORTANTE MAFIA PRODUCTORA DE COCAÍNA


Se trata de un cambio de sentido. Hasta ahora, las operaciones de la banda armada Sendero Luminoso en el empobrecido Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), en la selva del sudeste de Perú, eran consideradas como actividades subversivas con motivaciones netamente ideológicas. Así se les ha calificado públicamente y así también se ha combatido al grupo terrorista. Sin embargo, ayer el comandante general del Comando Especial del VRAE, general Benigno Cabrera, reconoció por primera vez que el remanente que opera en esta conflictiva región ya no actúa con esa lógica, sino con la de una mafia del narcotráfico que cuida su territorio.
"Se trata de una firma más del narcotráfico en el VRAE", afirmó Cabrera, quien resaltó que el grupo está organizado como un "clan familiar" liderado por los hermanos Víctor, Miguel Ángel y Carlos Quispe Palomino: los "camaradas José", "Raúl" y "Gabriel" en la jerga senderista.
Según reconoció Cabrera, los sangrientos ataques y enfrentamientos que desde agosto de 2008 han dejado 49 militares muertos en esta región selvática no responden al mismo modelo terrorista -conocido como "guerra popular"- que dejó decenas de miles de víctimas en los años 80 y 90, hasta que en 1992 fue detenido el líder de Sendero, Abimael Guzmán.
Ahora el propósito del clan de los Quispe Palomino sería proteger, con las armas, los cultivos de coca y las rutas de tránsito en esta región que produce el 76% de la droga de Perú, que a su vez, ya es el segundo productor mundial de cocaína detrás de Colombia.
Jorge Antezana, uno de los expertos que más ha estudiado el narcotráfico y el conflicto interno peruano, se alegra de que "por fin el general se acerque a la realidad" del grupo armado. Dice que la escisión senderista del VRAE se acercó a la droga desde 2000, cuando comenzó a aliarse y otorgar protección a los "burreros" (que llevan la droga), pero no fue hasta 2005 que empezó a tener sus propios cultivos de coca y fosas para macerar pasta base.
Hoy, dice, son una organización de peso en el negocio. "Según mis investigaciones, hacia 2007 tenían unas 135 hectáreas de cultivos. Eso debe haber crecido. Pero si nos quedamos sólo con esa cifra, que de por sí ya es conservadora, nos da una idea de su gran importancia dentro de la cadena narco", afirma Antezana.
Esa cadena la complementan carteles internacionales -se sospecha que, tras la caída de los colombianos, la mayoría mexicanos-, que hacen los pedidos, el control de calidad y la exportación de la droga.
Aunque en el VRAE conviven muchas otras firmas productoras de droga, la línea senderista tendría ventaja. "Los hermanos Quispe Palomino tienen experiencia de guerra. Su logística militar la ponen al servicio del narcotráfico. Guardando las distancias, proporciones y características, se podría decir que es un senderismo farcarizado. Está actuando dentro del modelo de las FARC", añade Antezana, quien insiste en que el actual grupo que opera en el VRAE no puede ser llamado Sendero Luminoso en términos totales.

BOLIVIA: EVO, VÍCTIMA DE SU PROPIA FORMULA

El reciente conflicto en la región de Potosí señala el creciente protagonismo de los reclamos regionales en Bolivia, de la mano de los movimientos cívicos. Es la misma dinámica que en 2003-2006 impulsó a Evo Morales desde su rol regional de dirigente de los campesinos cocaleros de Cochabamba a la presidencia de Bolivia.
Pablo Díaz de Brito, periodista y miembro de la Red Puente Democrático Latinoamericano.

Ahora esa dinámica que él usufructuó se le ha vuelto en contra. El pasado jueves 19 de agosto, Evo tachó de "traidores" a quienes desde su formación política, el MAS, apoyaron en Potosí la rebelión cívica. El calificativo refleja la frustración del presidente ante la que es tal vez su peor derrota en cuatro años y medio de presidencia. Porque poco puede hacer, más que quejarse y amenazar, dado que reprimir a mineros, amas de casa y estudiantes como los de Potosí destruiría ipso facto, no ya su imagen, sino su misma legitimidad, y levantaría a las otras regiones del país.
El dilema de Evo demuestra cómo este tipo de procesos, por fuera de los cánones y mecanismos de la democracia constitucional representativa (es decir, liberal) llevan con rapidez a una situación ingobernable aún para sus propios beneficiarios. Evo, en este caso.
Como se dijo, él nace políticamente de este modo de plantear el conflicto social y de hacer política. Llega al poder gracias a la legitimación de esta modalidad, la de la violencia del bloqueo y las tomas de edificios públicos y empresas, y ahora la sufre en carne propia.
El sociólogo boliviano Salvador Romero Pittari ve a la Constituyente querida por Evo como origen del problema. Esa asamblea pasó por múltiples irregularidades y violencias antes de parir la nueva Constitución. “Allí se buscó sustituir una forma de organización política, social, caracterizada como neoliberal, por otra comunitaria, plurinacional, descolonizadora, que puso en el centro de la escena, antes que al proletariado, a los movimientos sociales regionales, étnicos, comunitarios, de minorías, cercanos a la idea de ‘multitud’ de los filósofos neomarxistas”, como Toni Negri, apunta Romero Pittari.
La disfuncionalidad de esta propuesta con la gestión diaria de un país resultó evidente a poco de andar, y Potosí la pone dramáticamente en escena a costa de Evo, impulsor de la nueva Constitución movimientista, multiétnica y antiliberal. El analista boliviano remacha: “La ilusión de creer que el poder constituyente es una fuerza expansiva, que produce la Constitución y luego las leyes, que se identifica con las políticas, no pasa históricamente de ser una ilusión ideológica. Ni los gobiernos ni los ciudadanos resisten los desbordes permanentes, como constata el régimen actual, que sufre el rechazo de sus leyes, del orden que propone, por los mismos movimientos populares que consagró constitucionalmente”.
Es que en aquella Constituyente, “se creyó posible conciliar la efervescencia, la libertad de un momento excepcional de la política con el funcionamiento del orden normal. Dilema que las grandes revoluciones del pasado no consiguieron resolver”. Asunto viejo como el siglo pasado, más, como la primera mitad del siglo pasado

ARGENTINA: CASO PAPEL PRENSA: ¿EL GOBIERNO BUSCA EMPRESARIOS O COMPLICES?

Cadal.org
Hoy, la provisión de este insumo no es ningún problema para los medios gráficos, ya que el mercado internacional es abastecedor y a precios que no difieren demasiado del costo local, lo que actuaría contra eventuales cupos que se pretendan imponer para desabastecer a la prensa considerada opositora. Sin embargo, lo más complicado de todo, lo que podría darle al Estado el control total de los contenidos, es que, aún sin las Facultades Extraordinarias, el Ejecutivo siga manejando los aranceles de importación, lo que podría cerrar el círculo de modo lesivo para los medios independientes.
El clima no es el mejor para hacer negocios en la Argentina. Por estas horas, empresarios de todo calibre y sector están siendo presionados por llamados gubernamentales para que mañana pongan la cara en la Casa Rosada, para que convaliden con su presencia y si es posible con su aplauso, la posible decapitación de la prensa libre.
Con la presentación de una supuesta historia oficial sobre la venta de la empresa Papel Prensa que se hizo a fines de 1976 a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, el Gobierno y los herederos de David Graiver pretenden convertir aquella operación comercial no exenta de dramatismo por las circunstancias de la época, en una causa de lesa humanidad. Y en su afán de venganza, como lo que se montará para difundir la llamada “verdad” necesita cierto aval empresario, está buscando complicidades para contrastar con el Grupo Clarín y mostrar su aparente soledad.
A partir del morbo oficial de establecerse como el dios de los negocios, los responsables de las “invitaciones” por parte del Estado, el ministro Julio de Vido y el secretario Guillermo Moreno, descuentan que el temor o la obsecuencia de muchos grupos los llevará a sumarse al acto, aunque el marco aún esté demasiado difuso, en cuanto a elementos objetivos de evaluación. La pretensión gubernamental es señalarle a la sociedad que, en función de los presentes y de las ovaciones del caso, el relato y la acción oficial se justifican.
La carátula de crimen imprescriptible, más allá de la insistencia penal del caso contra los propietarios de los medios involucrados, le permitiría al Estado tomar el control de la empresa productora de papel para diarios, de la que ahora es socio minoritario, y a los herederos de Graiver a aspirar a un resarcimiento o a la devolución de la misma, mientras que pondría al Gobierno en disposición de elegir a quién sí y a quién no venderle papel.

Hoy, la provisión de este insumo no es ningún problema para los medios gráficos, ya que el mercado internacional es abastecedor y a precios que no difieren demasiado del costo local, lo que actuaría contra eventuales cupos que se pretendan imponer para desabastecer a la prensa considerada opositora.
Sin embargo, lo más complicado de todo, lo que podría darle al Estado el control total de los contenidos, es que, aún sin las Facultades Extraordinarias, el Ejecutivo siga manejando los aranceles de importación, lo que podría cerrar el círculo de modo lesivo para los medios independientes.
El proceso por construir una nueva versión de los hechos que permita la intervención o aún la expropiación de Papel Prensa es uno más, quizás el más grave, de la virulenta escalada que se ha desatado contra las empresas desde hace un par de semanas, a partir de las amenazas a Shell para que retrotraiga siete centavos el precio de sus naftas al valor que tenían al 31 de julio.
Luego, llegó el bloqueo a las plantas de Siderar por parte de los camioneros de Hugo Moyano, como exigencia del ingreso de los choferes de empresas tercerizadas a las nóminas de la siderúrgica, mecanismo que ya lleva seis días y que la pasividad del ministerio de Trabajo parece dejar dilatar, aunque ya las industrias estén desabastecidas. La pulseada de Moyano, con toda su arista política dentro del justicialismo podría terminar con un paro de todos los gremios del transporte que están encolumnados con el Jefe de la CGT.
Por último, la semana pasada, y con total desprecio por los consumidores, el Gobierno decidió terminar con Fibertel, aduciendo que su licencia de proveedora de Internet había desaparecido el día que fue absorbida por Cablevisión, sin tomar en cuenta que las dos compañías eran de los mismos dueños que se habían fusionado en una operación anterior a que la comprara el Grupo Clarín. En tanto, si un millón de clientes deberán migrar en 90 días de compañía, como lo prevé la Resolución oficial, ello sería a favor de una mayor concentración de mercado y nunca en beneficio de una competencia más efectiva.